Una reivindicación de los derechos (de la Carta de los Derechos) de trabajadoras y trabajadores (sexuales) en Canadá
En 2013, la Corte Suprema de Canadá dictaminó por unanimidad que varias disposiciones penales relacionadas con el trabajo sexual eran inconstitucionales según la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Muchas y muchos trabajadores sexuales en América del Norte tenían la esperanza de que Canadá finalmente reconociera el trabajo sexual como trabajo legítimo y de que aquellas y aquellos que trabajan en la industria, finalmente se beneficiarían de la riqueza que producen a través de los servicios que brindan.
Sin embargo, en lugar de garantizar la seguridad jurídica de estos miembros marginados de la clase trabajadora, el Parlamento aprobó la Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas (PCEPA[1]), privando de sus derechos y criminalizando aún más a las y los trabajadores sexuales. PCEPA se inspiró en el mito de los “regímenes suecos” que afirman “criminalizar a los clientes pero despenalizar a las trabajadoras sexuales”. Si bien las trabajadoras sexuales pueden ser inmunes a los enjuiciamientos en virtud de determinadas disposiciones, el contexto de la criminalidad bajo la que trabajan determina la forma en que organizen su trabajo para evitar la detección de los agentes de la ley. Vigiladas y perfiladas por las fuerzas del orden, las trabajadoras sexuales se ven obstaculizadas en su capacidad para negociar condiciones laborales más seguras y quedan vulnerables a la violencia de género.
El 21 de abril de 2021, un juez de la Corte Suprema de Ontario dictaminó que las disposiciones legales diseñadas para “prohibir que las trabajadoras sexuales puedan trabajar de manera segura, incluso mediante la posibilidad de anunciarse en plataformas de terceros, contratar personal de seguridad, trabajar juntas y comunicarse con clientes” eran inconstitucionales. Sin embargo, la ley general permanece en vigor. La PCEPA y sus encarnaciones anteriores sostienen normas sociales regresivas que limitan severamente los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.
El 21 de abril de 2021, un juez de la Corte Suprema de Ontario dictaminó que las disposiciones legales diseñadas para “prohibir que las trabajadoras sexuales puedan trabajar de manera segura . . . ” Sin embargo, la ley general permanece en vigor.
Como resultado de la responsabilidad penal que impone la ley, a las trabajadoras sexuales que ejercen su trabajo en persona, se les prohíbe negociar los términos y condiciones de su empleo al aire libre, mientras que simultáneamente se les prohíbe legalmente trabajar de manera colectiva, establecer cooperativas en el lugar de trabajo o simplemente compartir un hotel con costos divididos. La ley también criminaliza como cómplices a otros cuyo trabajo facilita cualquier sexo remunerado, prohibiendo la asistencia de terceros a las trabajadoras sexuales, esto incluye áreas como la publicidad o el marketing de la venta de servicios sexuales, la compra de servicios sexuales o la recepción de un beneficio material de la venta de sexo. Además de todas las prohibiciones, las iniciativas federales de apoyo a los ingresos como el Beneficio de Respuesta de Emergencia de Canadá (CERB) se vuelven inaccesibles para las trabajadoras que venden sexo. En lugar de proporcionar financiación a trabajadores[2] con marginalizaciones múltiples, esta ley y otras[3] le otorgan esta ayuda a las frecuentemente depredadoras fuerzas del orden, poniendo en peligro a las trabajadoras sexuales, sus clientes, familias y redes de apoyo.
Más que nunca, las trabajadoras sexuales se están dando cuenta de la necesidad de unirse para salvaguardar y desarrollar colectivamente sus intereses económicos, sociales y educativos como industria.
En el frente legal, seis trabajadoras sexuales y la Alianza Canadiense por la Reforma de la Ley del Trabajo Sexual han lanzado un desafío de la Carta para acabar con las injustas prohibiciones[4] actuales. La importancia de este desafío constitucional no puede subestimarse. Además de permitir que las trabajadoras sexuales se anuncien en plataformas de terceros, contraten seguridad y se comuniquen abiertamente con los clientes, si Canadá anula la ley en todo el país, las trabajadoras sexuales estarán legalmente autorizadas a unirse por su defensa mutua y el por progreso industrial mediante el derecho a formar Sindicatos.
Fuera de las salas de audiencias, las trabajadoras sexuales no esperan que las regulaciones de Canadá se pongan al día con la realidad. Organizando bajo la sección canadiense del Industrial Workers of the World (IWW), las trabajadoras le están demostrando al movimiento obrero canadiense lo que significa reenfocarse en los fundamentos del sindicalismo. Los cuales fueron olvidados hace mucho tiempo ya que se han reducido a poco más que un conjunto de convenios colectivos cada vez más inaplicables debido al uso frecuente de la legislación sobre el regreso al trabajo que rompe con las huelgas. El IWW organiza a muchos trabajadores que trabajan bajo la amenaza de la policía y entiende que la criminalización nunca ha brindado más seguridad a nadie; lo que sí hace es que los trabajadores se reúnan, identifiquen sus problemas y actúen juntos para salvaguardar directamente sus intereses como industria.
El Movimiento Industrial de Trabajadoras Sexuales del IWW y los esfuerzos adyacentes están permitiendo que las trabajadoras sexuales realicen investigaciones industriales muy necesarias sobre los desafíos y necesidades de su industria, se eduquen y se organicen para combatir los términos de servicio regresivos en plataformas en línea como Onlyfans y a que colaboren para hacer que la industria sea más segura.
La victoria en Ontario y el desafío de la Alianza a la ley prometen reducir la cantidad y complejidad de los obstáculos que enfrentan las trabajadoras sexuales para tomar medidas que aumentan su seguridad.
Mientras tanto, y como siempre, en lo único que pueden contar los trabajadores es en organizarse juntos.
Si eres una o un trabajadora/o sexual que busca organizarse, envía un correo electrónico a [email protected] para recibir apoyo de sindicalización culturalmente competente.
Jelena Vermilion es una trabajadora sexual de servicio completo desde hace casi una década, una delegada del IU 690 de la IWW, y la Directora Ejecutiva del grupo autónomo de ayuda mutua de acción directa del Programa de Acción de Trabajadoras Sexuales de Hamilton (SWAP Hamilton), una organización miembro de la Alianza Canadiense por la Reforma de la Ley del Trabajo Sexual y la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual.
Recursos:
Escucha a las trabajadoras sexuales: para obtener más información sobre el diálogo en el video de SWAP Hamilton May Day, consulte: https://industrialworker.org/sex-workers-against-work/
Mantente informado/a sobre la lucha por la reforma de las leyes canadienses sobre el trabajo sexual:
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Aprende sobre el trabajo sexual desde sus perspectivas con estos libros:
Para ver un poco de activismo histórico por el trabajo sexual, ve la película de George Stamos: Our Bodies Our Business
CASWLR ha recopilado un conjunto integral de recomendaciones sobre cómo reformar las leyes federales, provinciales y municipales utilizadas para atacar injusta y particularmente a las trabajadoras sexuales.
Para obtener una versión ampliada de este artículo, escuche aquí.
[1] [1] Las iniciativas de “pánico moral” contra la trata humana, como esta ley, aumentan la vigilancia y el control de las trabajadoras sexuales y sus lugares de trabajo y son una forma de apuntar específicamente a las trabajadoras sexuales migrantes.
[2] Las trabajadoras sexuales, unidas de forma única debido a la criminalización y la estigmatización, contienen una diversidad de experiencias, que incluyen gente negra, indígena y racializada, miembros trans o no binarios, trabajadores discapacitados y madres y padres.
[3] Las regulaciones locales también perjudican a las trabajadoras sexuales; La actual “estrategia contra la trata” del gobierno de Ontario destina más de 300 millones de dólares a la vigilancia en lugar de a los servicios sociales para la comunidad afectada.
[4] http://sexworklawreform.com/sex-worker-human-rights-groups-launch-constitutional-challenge/